Módulo 3: Proceso Penal Juvenil

Estimado(a) participante:

En este módulo abordaremos de manera integral el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, tal como lo regula la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA). Estudiaremos las garantías básicas y especiales que protegen a los adolescentes dentro del sistema de justicia penal juvenil, el esquema completo del proceso desde la fase preparatoria hasta el debate, y los recursos legales disponibles para las partes.

El objetivo central es que comprendas que el proceso penal juvenil no es una réplica del proceso penal de adultos, sino un sistema especializado con principios propios orientados a la reinserción social y familiar del adolescente, en un marco de respeto a sus derechos y dignidad.

Garantías Procesales Generales

El proceso penal juvenil comparte con el proceso penal de adultos un conjunto de garantías fundamentales que deben respetarse en todo momento. Estas garantías son el piso mínimo de protección y se complementan con las garantías especializadas propias de la justicia juvenil:

• Principio de legalidad: Ningún adolescente puede ser sancionado por un acto que no esté previamente tipificado como delito o falta en la legislación penal vigente.
• Principio de proporcionalidad: La sanción debe guardar relación con la gravedad del hecho y las circunstancias personales del adolescente.
• Principio de lesividad: Solo pueden sancionarse conductas que efectivamente lesionen o pongan en peligro un bien jurídico protegido.
• Non bis in idem: Ningún adolescente puede ser perseguido o sancionado más de una vez por el mismo hecho.
• Derecho de defensa: El adolescente tiene derecho a una defensa técnica desde el primer momento del proceso, con un abogado defensor de su elección o designado de oficio.
• Principio de publicidad: Los procesos son públicos, salvo las excepciones legales que buscan proteger la identidad y la intimidad del adolescente.
• Prohibición de tortura y tratos crueles: Queda absolutamente prohibida cualquier forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes contra el adolescente en cualquier etapa del proceso.

1. Principio de No Discriminación

Todos los adolescentes sujetos al proceso penal juvenil deben recibir un trato igualitario, sin distinción alguna por razón de etnia, condición económica, religión, género, idioma, opinión política o cualquier otra condición personal o social.

Esto implica no hacer distinción por razón de etnia, condición económica, religiosa u otra similar; además, "...para el Comité de los Derechos del Niño debe prestarse atención especial a las disparidades existentes de hecho, que pueden afectar a grupos vulnerables como los adolescentes de la calle, los pertenecientes a grupos étnicos que en muchas ocasiones hablan un idioma maya, así como adolescentes con discapacidad."

Para abordar casos de adolescentes en conflicto con la ley penal debe atenderse a las particularidades de cada individuo con el objeto de coordinar las acciones de intervención, de tal forma que no generen espacios para la discriminación.

2. Principio de Justicia Especializada

El sistema de justicia juvenil debe contar con órganos especializados, procedimientos diferenciados y garantías reforzadas que consideren la edad y el grado de madurez del adolescente. Esto implica que los jueces, fiscales, defensores y demás operadores de justicia que intervengan en estos procesos deben tener formación especializada en materia de niñez y adolescencia.

La especialización también se extiende a la intervención de equipos multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) que apoyan al juzgador en la toma de decisiones informadas, considerando la situación integral del adolescente y no únicamente los aspectos jurídicos del caso.

3. Principio de Interés Superior del Niño

Este es un principio que se establece como un eje rector de toda la justicia especializada, ya que indica que las actuaciones de todas las instituciones públicas o privadas administrativas o judiciales que intervengan en la atención y protección de las niñas niños y adolescentes, deben tener especial consideración sobre ellos. Procurar que las decisiones que se tomen sean siempre pensando en el mayor beneficio para los niños niñas y adolescentes y en su menor afectación.

En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, este principio se materializa en todas las etapas de intervención. Se debe tener presente que todas las estrategias de intervención que se diseñan deben tener en última instancia, la reinserción de ese adolescente en la sociedad, lo cual materializa el fin último del interés superior del niño.

4. Derecho a la Opinión

El artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño estipula el derecho que tienen los niños a expresar libremente su opinión sobre asuntos que les conciernen y les pueden afectar directamente. Establece la obligación a los estados para establecer condiciones para que dicha opinión pueda ser expresada, si así se desea, en forma apropiada y con plena libertad.

Es obligación de las instituciones públicas encargadas de los procesos, generar condiciones para que los niños niñas y adolescentes puedan hacer uso efectivo de esta facultad. Se debe establecer la infraestructura adecuada, así como el nombramiento de profesionales especializados, que tengan la capacidad de proporcionar a los adolescentes la libertad y confianza necesaria para que éstos expresen su opinión.

5. Derecho a la Protección Integral

En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que los estados parte "...deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluso el abuso sexual mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo."

Las instituciones del sistema de justicia juvenil deben garantizar la protección física, psicológica y emocional del adolescente en todas las etapas del proceso. Esto incluye condiciones dignas de detención (cuando sea necesaria), protección contra cualquier forma de violencia institucional, y acceso a servicios de salud, educación y apoyo psicosocial.

6. Principio Socio-Pedagógico de la Sanción

Las sanciones impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal no deben tener un propósito punitivo. Su finalidad es eminentemente socio-pedagógica: buscan que el adolescente asuma la responsabilidad por sus actos, contribuya a la restauración del daño causado y se reinserte positivamente en la sociedad.

Este principio exige que las sanciones se diseñen y ejecuten de manera que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios del adolescente, promuevan su desarrollo personal y educativo, y le brinden herramientas para una vida responsable y productiva. La sanción debe ser, ante todo, una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

7. Sanción Privativa de Libertad como Última Ratio

Siguiendo con el fin socio pedagógico de las sanciones a adolescentes en conflicto con la ley penal, dentro del catálogo de sanciones contemplado, las privativas de libertad deben ser consideradas como el último recurso. Estas sanciones tienden a afectar negativamente en gran medida la vida de las personas, por lo que debe estar reservada sólo aquellos casos donde no exista otra forma de abordar el caso.

Expuesto lo anterior, una vez ha sido dictada una sanción privativa de libertad, esta debe ser establecida por el menor tiempo posible y respetando todos los derechos y garantías establecidos por la justicia especializada y la protección integral para los adolescentes.

1. Fase Preparatoria

La fase preparatoria inicia con la interposición de la denuncia o querella y constituye la etapa de investigación del proceso. Durante esta fase, el Ministerio Público (MP) realiza las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y, al concluir su investigación, presenta sus conclusiones: acusar, solicitar el sobreseimiento o pedir la clausura provisional.

Investigación preliminar

La investigación preliminar está a cargo del Ministerio Público, quien dirige las actuaciones investigativas con el auxilio de la Policía Nacional Civil y demás órganos de apoyo.

En esta etapa podrán existir las diligencias de investigación preliminar que el Ministerio Público estime pertinentes para determinar la posible existencia de la comisión de un delito por parte de un adolescente. Se recabarán todos aquellos elementos de investigación que puedan servir de sustento para una eventual acusación. De igual forma, en ejercicio del principio de objetividad, también se recabarán aquellos indicios o medios de investigación que descarguen responsabilidad hacia el adolescente sujeto a proceso.

Aprehensión en flagrancia

Cuando un adolescente es aprehendido en flagrancia, debe ser puesto a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. Posteriormente, el MP debe presentar al adolescente ante el Juez competente dentro de un plazo máximo de 6 horas. La primera declaración del adolescente debe ser recibida de inmediato.

Audiencia oral

Esta audiencia debe realizarse de forma oral, en donde se escucharán la declaración de los agentes captores, testigos, parte ofendida si la hubiere y la presentación de otros medios de convicción que en ese momento tenga el Ministerio Público; por último, procederá a escuchar al adolescente. Cuando el adolescente haya sido escuchado, el juez podrá dictar el auto de procesamiento, siempre que existan motivos racionales suficientes para creer que el adolescente ha podido cometer el delito.

2. Fase Intermedia

La fase intermedia tiene como propósito discutir el acto conclusivo del Ministerio Público. Sirve como un control de calidad de la investigación, permitiendo revisar la acusación, la calificación legal de los hechos y la suficiencia de la evidencia recopilada.

Función de la fase intermedia

Esta fase garantiza el derecho de defensa del adolescente, pues permite a las partes cuestionar la pertinencia y solidez de la acusación antes de que el caso pase a juicio. El Ministerio Público solo puede formular acusación si la investigación aporta elementos suficientes para sostenerla; de lo contrario, debe solicitar la clausura provisional o el sobreseimiento del proceso.

Audiencia intermedia

El juez señala la audiencia intermedia con un plazo mínimo de 5 días para que las partes se preparen. Durante la audiencia, se escucha a todas las partes y se discuten los fundamentos de la acusación. Al concluir, el juez puede admitir la acusación y abrir el proceso a juicio (debate), o bien dictar otra resolución según corresponda (sobreseimiento, clausura provisional, etc.).

3. Etapa de Debate

El debate es la fase central del proceso penal juvenil, donde se determina la responsabilidad del adolescente y, en su caso, la sanción aplicable.

Preparación del debate

El juez debe de convocar a las partes para que comparezcan a juicio en un plazo que no debe exceder los cinco días hábiles. Las partes examinarán las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas; también ofrecerán pruebas e interpondrán las recusaciones que estimen pertinentes.

Las partes ofrecerán sus pruebas por escrito, las cuales serán admitidas o rechazadas por el juez mediante una resolución razonada; en esa misma resolución se convocará las partes a celebrar el debate, el cual se celebrará en un plazo que no excederá de diez días.

Dos etapas del debate

Primera etapa: Determinación de responsabilidad. En esta etapa se analizan los hechos, se valora la evidencia y se escuchan los alegatos de las partes. El objetivo es determinar si el adolescente es o no responsable de la transgresión que se le atribuye. La decisión se basa exclusivamente en los hechos probados y el derecho aplicable.

Segunda etapa: Determinación de la sanción. Esta etapa solo se lleva a cabo si en la primera se determinó la responsabilidad del adolescente. Aquí el juez determina el grado de exigibilidad y la idoneidad de la sanción, con la asistencia de un equipo multidisciplinario compuesto por un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social. El propósito es que la sanción se ajuste a las circunstancias personales, familiares y sociales del adolescente, garantizando su finalidad socio-pedagógica.

1. Revocatoria (Art. 228 Ley PINA)

Todas las resoluciones son revocables de oficio por el juez que las dictó o a solicitud de parte, con excepción de aquellas que pongan fin al proceso.

• Legitimación: El juez de oficio o cualquiera de las partes.
• Forma de interposición: Puede presentarse verbalmente o por escrito.
• Plazo para interponer: Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución.
• Plazo para resolver: El tribunal debe resolver dentro de las 24 horas siguientes.

2. Reposición

El recurso de reposición se tramita conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal (CPP). La Ley PINA remite a esta normativa para los aspectos de forma, plazos y procedimiento de este recurso.

3. Apelación (Arts. 230-231 Ley PINA)

El recurso de apelación procede contra resoluciones específicas que causan agravio a las partes. Son apelables las siguientes resoluciones:

• Las que resuelvan un conflicto de competencia.
• Las que decreten la restricción provisional de un derecho fundamental.
• Las que ordenen la remisión.
• Las que dispongan la terminación del proceso.
• Las que modifiquen sanciones en la fase de ejecución.
• Otras resoluciones que causen agravio irreparable.

En el caso que la resolución sólo haya sido recurrida a favor de la adolescente, no podrá ser modificada en su perjuicio (Art. 231 Ley PINA).

Trámite

• Legitimación: Únicamente las partes que sufran agravio.
• Forma de interposición: Por escrito.
• Plazo para interponer: Dentro de los 3 días siguientes a la notificación.
• Tribunal competente: La Sala de Apelaciones de Niñez y Adolescencia.
• Audiencia: Se señala dentro de los 5 días siguientes al recibo de las actuaciones.
• Resolución: Se dicta inmediatamente al concluir la audiencia o dentro de los 3 días siguientes.

4. Casación (Art. 234 Ley PINA)

El recurso de casación procede contra las resoluciones que pongan fin al proceso y contra las determinaciones de sanción. No procede en el caso de faltas (solo para delitos).

Las formalidades y plazos para la interposición del recurso de casación se rigen por las disposiciones del Código Procesal Penal.

5. Revisión

El recurso de revisión se tramita conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.

• Tribunal competente: El tribunal de casación.
• Legitimación para interponer:
  • El defensor del adolescente.
  • Los ascendientes o el cónyuge del sancionado (cuando sean mayores de edad).
  • Los hermanos del sancionado (cuando sean mayores de edad).
  • El Ministerio Público.

Enunciados a Completar

A continuación se presentan los enunciados que deberá completar en la actividad interactiva:

1. "Todas las resoluciones son ______________ de oficio por el juez..."
   Pista: Artículo 228 de la Ley PINA.
2. "Es ______________ la resolución que termine el proceso."
   Pista: Uno de los recursos estudiados en la Lección 3.3.
3. "La ______________ procede contra las resoluciones que terminen el proceso..."
   Pista: Artículo 234 de la Ley PINA.
4. "Es apelable la resolución que resuelva un conflicto de ________________."
   Pista: Una de las resoluciones apelables según los artículos 230-231.
5. "El recurso de revisión puede ser interpuesto por los ascendientes, ____________________, o los hermanos..."
   Pista: Parentesco civil.